Pareciera que la autoridad legal ha tenido que enmendar los errores de la autoridad electoral respecto de la forma de financiamiento para los cargos de elección popular, pero también ha otorgado la oportunidad de caminar en piso parejo a los candidatos independientes, aunque la búsqueda de recursos en la cantidad que ha determinado sea difícil. Lo importante es que ahora las condiciones de todos los candidatos a cargos de elección serán casi las mismas.
La Sala Superior determinó que la limitante que prevé la ley para que los independientes solamente puedan recibir 10 por ciento del tope de gastos de campaña, es inconstitucional porque la restricción resulta desproporcionada y vulnera considerablemente el principio de equidad para los independientes. Sin lugar a dudas, esta resolución ha sido un acto de justicia porque hasta ahora la rapiña de los partidos políticos ha evitado que los simples ciudadanos puedan no tan solo alcanzar una candidatura, sino recursos en suficiencia para desarrollar una campaña.
Pero también el tribunal estableció que esta decisión no es un cheque en blanco para los candidatos independientes, porque la ampliación de ese financiamiento también los obliga a que sean fiscalizados minuciosamente sus ingresos y egresos para dar cumplimiento al principio de equidad que se ha privilegiado en la contienda presidencial, y por consecuencia en las demás correlativas que se realizarán en distintas entidades de la Federación.
El piso parejo del que siempre hablamos es ahora una realidad por decisión de la autoridad judicial, pero eso no quiere decir que los legisladores no intervengan para establecer los puntos normativos de este “nuevo derecho” que alcanzan no solamente los beneficiarios, sino nuestro sistema democrático que da muestras de adaptarse al cambio que propician los tiempos y avances de la democracia. Esta es la mejor muestra de que nuestro sistema jurídico y legal mantiene y sostiene avances que lo perfeccionan.
La decisión de la autoridad jurisdiccional representa una oportunidad de oro para que las contiendas electorales sean más certeras y a la vez ratifiquen los principios de nuestra inacabada democracia, sobre todo cuando la propia autoridad judicial establece que los recursos que se obtengan deberán tener un origen lícito, por lo que los candidatos tendrán la obligación de rechazar cualquier aportación en efectivo, como ocurriera con los vergonzosos episodios en los que la diputada Eva Cadena recibía dinero para el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
También hay que decir que las elecciones en este país forman parte de una guerra mediática y de discursos que no le dicen nada a la gente, porque siempre es la confrontación verbal entre institutos políticos y esos hombres y mujeres que se asumen como los dueños de la democracia, de la voluntad política y del dinero de los ciudadanos aportamos al aparato burocrático del Estado para la implementación de programas que beneficien a la colectividad. Sin lugar a dudas, los independientes o ciudadanos tendrán ahora piso parejo. Al tiempo.