La reacción inmediata de los legisladores ante el reclamo del general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda sobre el marco jurídico para el Ejército o el regreso de los soldados a los cuarteles dejando a la sociedad en manos del crimen organizado y el Estado corrompido atendió una parte del problema.

Sin embargo, la declaración del secretario de la Defensa Nacional tuvo dos matices que los políticos siguen –y seguirán– sin atender: el fracaso en la reorganización de las policías de los tres niveles de gobierno y la articulación de delincuentes con estructuras del Estado pero con el beneplácito de políticos, gobernantes, funcionarios, empresarios y la propia sociedad.

El problema con la iniciativa de ley de seguridad interior es su inclusión en los programas de gobierno –seguridad, soberanía, gobierno– como la doctrina articuladora de la existencia misma del Estado, pero los políticos han eludido su integración en una sola ley. Más que el miedo a darle más facultades a las Fuerzas Armadas, en el fondo se localiza el problema real del Estado mexicano: la disolución del poder y, por tanto, la desarticulación del Estado.

Las Fuerzas Armadas, en efecto, entraron a la crisis de seguridad pública pero en su vertiente de seguridad interior, seguridad nacional y peligro de la soberanía ante bandas criminales que habían rebasado al Estado y lo habían sustituido en zonas territoriales dominadas por los delincuentes.

Por tanto, las Fuerzas Armadas sustituyeron el fracaso del Estado y sus instituciones. La seguridad interior no es sólo una doctrina para el ejercicio de la autoridad del Estado, sino una condición para garantizar el bienestar de la sociedad; por tanto, de suyo es una función social y por tanto una función política entendida ésta como el funcionamiento de la polis, de la ciudad, y tiene que ver con el ejercicio del poder. El poder del Estado carece de funcionalidad si hay poderes privados criminales disputándole al Estado el dominio territorial.

En el programa vigente para la seguridad nacional 2014-2018 se establece la definición de la seguridad interior:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

En situaciones de estabilidad, la democracia y sus reglas de participación y ejercicio del poder garantizan las condiciones para el desarrollo; sin embargo, las bandas criminales le disputan al Estado niveles y zonas de ejercicio del poder con reglas delincuenciales y no democráticas, por lo que se hace indispensable que las Fuerzas Armadas sean las garantes de esas condiciones de estabilidad.

Si las fuerzas políticas democráticas fueran eficientes para mantener bajo control al crimen organizado, las Fuerzas Armadas no tendrían que invocar la existente doctrina de seguridad interior que ya contiene la Constitución federal. Sin embargo, esas fuerzas políticas democráticas no sólo han sido rebasadas sino en muchos casos y zonas están al servicio del crimen organizado y por tanto se colocan en contra de los intereses de la sociedad.

De ahí que el general secretario Cienfuegos Zepeda haya dado no sólo la llamada de atención sobre la ley de seguridad nacional como el marco jurídico para las Fuerzas Armadas, sino que haya enfatizado en el hecho de que las policías siguen igual de ineficientes y corruptas. Por tanto, la sola ley de seguridad interior no sería suficiente parta atender la crisis de seguridad.

Política para dummies: La política es el todo, aunque los políticos apenas puedan con una parte.