En medio de la euforia y las felicitaciones por el inapelable triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, muy rápido se han tomado acuerdos para que expertos del futuro gobierno se incorporen al equipo que ha venido negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con respeto para la labor de Ildefonso Guajardo y su equipo.
Jesús Seade, el más probable nuevo negociador, es optimista. Dijo que la victoria clara de AMLO tuvo la virtud de dinamizar las negociaciones, al punto que podría haber acuerdo antes del relevo presidencial de diciembre. Esto afloró durante la conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump y en el diálogo personal del ganador de la contienda con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional.
En unos días más llegará a México el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael R. Pompeo, para abordar con López Obrador y con Peña Nieto los temas más relevantes de la relación bilateral, como el comercial, el de seguridad, la cooperación para el desarrollo y el migratorio. Fue muy explícita su vocera Heather Nahuert cuando se refirió a “profundizar nuestra vibrante asociación con México sobre seguridad y prosperidad para nuestros ciudadanos y nuestros valores democráticos compartidos”.
Aludía a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en la cual se involucró México, con Canadá y EU, desde marzo de 2005, cuando signaron el acuerdo los presidentes Vicente Fox y George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, en Waco, Texas.
El ASPAN, según algunos expertos, violentó el orden constitucional al ignorar al Congreso mexicano.
En él grupos de funcionarios de los tres países avanzan regulaciones que después se convierten en políticas públicas, sobre temas tan sensibles como el petróleo, el gas, la generación eléctrica, que avanzan por esa vía paralela al TLCAN, siempre en beneficio de Estados Unidos, pero bajo un disfraz de “amistosa cooperación” regional.
Para completar el cuadro, los tres países crearon un Consejo de la Competitividad en América del Norte (CCAN), en marzo de 2006, en el que participan sector privado y funcionarios, quienes avanzan un una especie de “integración subordinada a la hegemonía de Estados Unidos”, siguiendo con el diseño impuesto desde el ASPAN. Ahí se firmaron acuerdos que adelantaron la privatización de los energéticos en México.
Ya en 2007 el CCAN recomendaba colaboración trilateral para la “distribución energética fronteriza” y propiciar que corporaciones mexicanas, incluyendo a la Comisión Federal de Electricidad, celebrasen contratos a largo plazo para comprar energía eléctrica a productores estadounidenses.
Cerró este paquete de acuerdos para mantener a México en el círculo de seguridad de Estados Unidos la Iniciativa Mérida, octubre de 2007, con la cual Washington se comprometía a entregar ayuda militar en especie por mil 400 millones de dólares en los primeros tres años.
Trump, quien mañosa y falsamente despotrica contra el TLCAN porque al único que perjudica es a su país, arguye, e incluso amenaza con echarlo para atrás, nunca hace alusión a los tratos paralelos en donde está la letra pequeña para poder seguir ejerciendo una geopolítica que aprovecha las debilidades y desventajas de su vecino menor (en tamaño, en población, en poder económico y político) para imponerle líneas de acción. López Obrador deberá equilibrar esa balanza.