Ahora el Departamento de Estado del gobierno de EU no sólo evidencia a México como un lugar donde se perpetra la tortura, sino que además señala al Ejército y a la Policía como el foco rojo que lleva a nuestro país a tener elevados niveles de impunidad y de violación de derechos humanos, relacionados con las fuerzas de seguridad mexicanas.
Sin duda, es una acusación grave y pese a que no es la primera vez que sucede, sí representa una escalada que toma al Gobierno mexicano por sorpresa.
Y es que, nuestro Gobierno ya entró en esa espiral en la que impera el incumplimiento de las leyes que salvaguardan los derechos humanos, llevándonos a una infección que no tiene antibiótico ni vacuna, y que coloca al país una y otra vez bajo el reflector internacional en una posición poco airosa.
Sin embargo, en casos como el del brutal video grabado en Guerrero, en el que una mujer con uniforme del Ejército encañona y trata de asfixiar a una joven en presencia de otro militar y de un elemento de la Policía Federal, se deben reconocer dos aspectos. Primero, la reacción que tuvo la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar a los responsables y hacer que paguen por sus actos. Y, segundo, la contundente actitud del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al reprobar este acontecimiento y disculparse con los mexicanos.
Pero también debemos ser realistas, porque ya son muchos los casos pendientes y muchas las ocasiones en las que elementos de la milicia y la Policía cometen abusos al grado de generar críticas nacionales e internacionales.
Lo menos que se puede decir sobre esto es que ha existido una actitud sumamente exculpatoria con los gobiernos anteriores. Y ahora cuando nos encontramos entre Tlatlaya, Ayotzinapa, casos de tortura y señalamientos del Departamento de Estado de nuestro vecino del norte, el Gobierno Federal debería estar profundamente preocupado.
En ese contexto, seguimos sin saber cuántos son los desaparecidos. Seguimos sin saber –independientemente de las leyes que se han articulado– quién tiene la responsabilidad en el Estado de garantizar que se encuentren las señales de identidad de esos mexicanos que habitan en las fosas comunes y en el universo de lo desconocido.
La situación es muy grave. No sólo porque cada estamento del Estado no está cumpliendo con la obligación que le corresponde, sino porque todas las preguntas y respuestas que están en el aire y el exceso de acusaciones podrían llegar a conformar aquel panorama abrumador como el que ahora describe el Departamento de Estado de EU acerca de nuestro país.
Antonio Navalón
@antonio_navalon