Estados Unidos ya tiene embajadora en México. Y es que, el senador Marco Rubio –nunca se sabrá por qué razón– levantó el veto y Roberta Jacobson, la especialista del Departamento de Estado en Asuntos del Hemisferio Occidental, será dentro de poco la que administre la política en nombre del poscomunismo y de los intereses del imperio del norte.
Sin embargo, es muy probable que Jacobson no esté mucho tiempo en México, puesto que es una persona clave, y si Hillary Clinton gana la elección, es posible que sea designada como embajadora ante Naciones Unidas o que la destinen para un altísimo cargo en el Departamento de Estado.
Pero mientras eso sucede es muy importante saber por qué es tan relevante su llegada. En primera, porque las relaciones entre EU y México no pueden seguir siendo administradas por un Encargado de Negocios. Y en segunda, porque Roberta Jacobson es una experta que ha llevado durante años el seguimiento de las fallas sistémicas de nuestro país en temas de seguridad, derechos humanos y lucha contra el narcotráfico.
En ese sentido y recorriendo la historia, llegamos al día en el que Felipe Calderón pidió la cabeza del embajador estadounidense en México, Carlos Pascual.
A lo que Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, señaló que el problema no eran las valoraciones subjetivas en torno a la influencia que tendría la relación sentimental que Pascual sostuvo en su cumplimiento como embajador.
Sino que el problema eran las fallas sistémicas que se observaban en la administración de justicia, en la investigación de los delitos y en las implicaciones de la “Guerra contra el narcotráfico”.
Eso ocurrió en 2011, pero ahora la crisis es mucho más grave. Y en todas partes suenan las alarmas relacionadas con la estabilidad institucional de nuestro país en el capítulo de la justicia y la investigación, y en la salvaguarda de los derechos humanos.
La próxima embajadora en México no improvisará y tampoco será una persona fácil de convencer sólo con buenas palabras.
Porque ahora estamos frente a un cambio de política que incrementa el umbral de la defensa sistémica del aparato de justicia, como un elemento que garantice la colaboración internacional.
Y en ese contexto, pase lo que pase con la elección de 2018, todos sabemos a estas alturas qué ha pasado con las responsabilidades adquiridas de la primera fase de la guerra contra el narco. Así como sabemos, que esta segunda fase, la del régimen peñista, se muestra cada vez más complicada y peligrosa ante la defensa de los derechos humanos y de las libertades en nuestro país.
Antonio Navalón
@antonio_navalon
