Tal vez tenga razón el Gobierno Federal cuando asegura que no ha sido omiso en materia de seguridad. Según el diccionario, omiso significa falto de interés, descuidado, negligente. Faltaba más que a la autoridad le valiera un pepino la seguridad a la que destina cientos de miles de millones de pesos. Lo que no puede decir es que su enfoque haya sido certero, efectivo y mucho menos triunfante, pues en 2017 y 2018 sufrimos los índices más letales y escandalosos de violencia.
¿Cómo es posible que la malhadada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en vez de hacer disminuir las estadísticas de muertes con violencia, desaparición, desplazamiento de población y de otros delitos tan cotidianos como el secuestro, los asaltos a mano armada, los atracos en el transporte público y en casa, nos hagan sentir cada vez más inseguros? Y no es un asunto de percepción, sino de cruda realidad. Un resultado tan fallido no se logra con sólo omisión.
La estrategia tiene nombre y enfoque guerrerista otra vez: Escudo Titán, cuyos resultados hicieron exultar de júbilo el domingo al Gobierno Federal; el lunes las cúpulas empresariales exigieron frenar ya la inseguridad a esos mismos optimistas y el miércoles la autoridad reconoció los repuntes de la violencia y comenzó a repartir culpas:
–El Congreso de la Unión no aprueba todavía la iniciativa presidencial del Mando Único, para que haya solamente 32 policías en toda la República Mexicana. La envió Enrique Peña Nieto en diciembre de 2014 y, entre otras cosas, busca terminar con “la debilidad institucional de las policías municipales que están mal equipadas y entrenadas”, explicó el vocero presidencial Eduardo Sánchez, además de que un número indeterminado de sus integrantes están involucrados con organizaciones delictivas. Es decir, se parte de la premisa de que la corrupción y metamorfosis delincuencial de las policías del primer nivel de autoridad se van a corregir llevándoles policías estatales, esos sí “impolutos” en el análisis conceptual del mando único.
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación no ha concluido o no ha dado a conocer la normativa jurídica en torno al alcance de las operaciones del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, dentro de la ya aprobada por el Congreso –y no decretada por Los Pinos– Ley de Seguridad Interior, la cual, según organizaciones defensoras de derechos humanos en México y en el ámbito internacional, no debiera aprobarse jamás en nuestro país para no militarizarlo y establecer estados de excepción.
–Esto forma parte de un contexto de debilitamiento de estructuras institucionales en los tres niveles de gobierno, sostiene un comunicado oficial. Hoy resulta que los cultivadores y vendedores de drogas son también saqueadores ilegales de combustible (huachicoleros) y se registra una participación, “en algunos casos forzada o inducida”, de pobladores de muchas comunidades a fin de oponer barreras para obstaculizar acciones policiales en la detención de personas que cometen ilícitos, incluidos los robos a transportes en carreteras y a trenes de carga.
¿En verdad interesa que fuerzas policiales y militares hayan detenido a mil 764 presuntos delincuentes de enero a mayo, dentro de Escudo Titán? Apenas terminaban de difundirse estos “logros” cuando un juez ordenó liberar a Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, exjefe de autodefensas en Michoacán, acusado de ser miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sólo duró tres días en prisión.