Por: Carlos Ramírez H
Mientras los ciudadanos juegan limpio en la construcción de estructuras de mejoramiento del funcionamiento de la burocracia, la propia burocracia del poder, señalada como la responsable del crecimiento de la corrupción, es la encargada de aprobar las nuevas instituciones que lucharían contra la corrupción.
Más que la ley para designar al fiscal y que la insistencia del PRI en imponer como fiscal de la nación al procurador priista actual, la disputa por el nuevo fiscal radica en el hecho de que la fiscalía anticorrupción estaría subordinada a la nueva Fiscalía Priista General de la República –FPGR o como se le vaya a llamar–; es decir, estará sometida a la dependencia burocrática del PRI, gane o pierda el 2018.
De ahí que el PRI legislativo que se niega a investigar la corrupción real de los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Tomás Yarrington, sabe que la fiscalía y el sistema nacional anticorrupción tienen en la mira al senador priista Carlos Romero Deschamps y otros legisladores y funcionarios priistas beneficiarios de la corrupción.
El error estratégico en el sistema nacional anticorrupción es dejar, parafraseando la frase conocida, la reforma de la Iglesia en manos del papado corrupto, no de Lutero.
La salida del sistema político priista al tema de la corrupción que ha ido sumando indignación social en las élites ciudadanas aún no mayoritarias ha sido la aceptación de un sistema nacional anticorrupción, pero como una estructura que nacerá burocratizada, sometida a reglas complejas que no contribuirán a cortar algunas de las raíces de la corrupción y sobre todo aprobada por la estructura política –PRI y oposición– que será la destinataria de las nuevas funciones anticorrupción.
El PRI ha tenido la especial habilidad para construir organismos autónomos que tienen que ver con la transparencia y control de oficinas del gobierno, pero dejando suficientes puertas de escape: el INE es peor que la Comisión Nacional Electoral de Manuel Bartlett en 1988, el Instituto de Acceso a la Información ha sido horadado por reservas de expedientes calientes de funcionarios para congelarlos por años –hasta López Obrador y Claudia Sheinbaum usaron las reservas para ocultar irregularidades en los segundos pisos– y el Instituto Federal de Telecomunicaciones –entre otros– son una pantomima de transparencia.
Y ahora el Sistema Nacional Anticorrupción como institución ha sido acotado por el PRI legislativo, como se ha visto en el tema de la elección del fiscal y la definición de funciones de la fiscalía anticorrupción. Al ser una estructura burocrática que depende de aprobaciones del legislativo, el SNA nació muerto, sin dientes, sin autoridad moral.
El manejo del PRI en el diseño del SNA ha reciclado aquel viejo chiste contado entre gobernadores del viejo régimen: ¿en qué invertir más: en escuelas o en prisiones? La respuesta: en prisiones, porque al dejar el poder había más posibilidades de ir a la cárcel que a la escuela.
El problema no es el fiscal, ni la fiscalía, ni el SNA, sino quiénes aprueban el sistema con limitaciones de funciones: los legisladores del PRI que estarían en la mira de la anticorrupción. El camino más largo es el de una institución presuntamente autónoma pero acotada y el más corto es el de un sistema penal directo asociado a la Auditoría Superior de la Federación que ha detectado casos de corrupción que no encuentran caminos penales para castigar saqueos del erario.
Política para dummies: La política es el arte de ceder, no de conceder.
http://indicadorpolitico.mx
[email protected]
@carlosramirezh