SAN SALVADOR (AP) — Asumir las responsabilidades de lo que ocurrió en la Guerra Civil de El Salvador continúa siendo una deuda en la historia y la memoria de este pequeño país centroamericano.
Aunque el conflicto ocurrió entre 1980 y 1991, el debato volvió a la mesa porque defensores de los derechos humanos advirtieron que un anteproyecto de ley sobre Reconciliación Nacional que se discute en la Asamblea Legislativa busca legalizar una amnistía absoluta e incondicional para quienes cometieron delitos graves durante aquel evento que cobró la vida de más de 75.000 personas y dejó unos 10.000 desaparecidos.
“Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho a las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un graves revés para El Salvador”, afirmó el miércoles en un comunicado de prensa la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, aprobada cinco días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que registró más de 22.000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en el país durante la guerra. Al declarar inconstitucional esa ley, la Sala estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional, por lo que no debe impedirse su investigación ni la justicia y reparación integral de la víctimas.
Al derogar la ley de amnistía, la Sala señaló la línea jerárquica de mando por cómo actuaban tanto los militares como la guerrilla, “lo que implica una necesaria responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las órdenes violatorias de los derechos humanos fundamentales”, y allanó el camino para que altos mandos de la fuerza armada y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) puedan ser llevados ante la justicia.
La Sala también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas, y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repitan.
Sin embargo, una comisión que preside el diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano, estudia una ley en la que se concede “amnistía amplia e incondicional a favor de todas las personas” sin importar el sector al que pertenecieron ni la manera en la que hayan participado en diversos delitos antes de 1992, sea que se les haya iniciado algún procedimiento o no.
Ante ello, la polémica no se hizo esperar. “Lo rechazamos rotundamente porque no obedece a un interés de beneficiar a las víctimas. No podemos permitir una ley que venga a favorecer a los que han cometido graves violaciones de los derechos humanos”, dijo a The Associated Press Miguel Montenegro, que dirige la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).
Montenegro agregó que en esa comisión “hay señalados por la Comisión de la Verdad, como el caso de Parker, que es el que tiene la iniciativa”.
La Comisión de la Verdad dice en su informe que más del 60% de los casos denunciados corresponden a ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones forzadas y más del 20% incluyen denuncias de torturas.
Según el documento, “existe plena prueba” de que Parker –quien era asesor jurídico del Estado Mayor de las fuerzas armadas– ocultó “las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato”.
“Tendríamos una ley de amnistía propuesta por un grupo de personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, esto tiene una profunda debilidad”, afirmó en conferencia de prensa el padre jesuita José María Tojeira, que dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).
Bachelet –expresidenta chilena que fue una de las miles de víctimas de la dictadura militar de su país– exhortó a los legisladores salvadoreños a que aprovechen la oportunidad histórica de crear condiciones para la reconciliación mediante la aprobación de una ley que permita la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en beneficio de las víctimas.