NUEVA YORK (AP) — La presidenta de la principal proveedora de abortos en Estados Unidos, Planned Parenthood, fue destituida después de apenas ocho meses en el cargo, en momentos en que la organización de planificación familiar encara desafíos enormes.
En un tuit el martes, la doctora Leana Wen, dijo que enteró que la junta directiva de Planned Parenthood “terminó mi empleo en una reunión secreta”.
Aseguró que la junta quería orientar a la agrupación hacia un mayor énfasis en el activismo político y que ella quería concentrarse en los servicios médicos que presta, como métodos anticonceptivos y prevención del cáncer.
“Estábamos en negociaciones de buena fe sobre mi salida, con base en discrepancias filosóficas sobre la dirección que debía tomar Planned Parenthood”, dijo Wen. “Dejo el cargo antes de lo que yo esperaba”.
Su partida se produce en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado que comenzaría a aplicar nuevas reglas que prohíben que las clínicas de planificación familiar financiadas por los contribuyentes remitan a las mujeres a servicios de aborto.
Planned Parenthood, el principal recipiente de esos fondos, ha dicho que no acatará esas normas.
Sin dar detalles, Planned Parenthood anunció en Twitter que Wen dejaría el cargo, le agradeció por su servicio y le deseó lo mejor en el futuro.
Anunció además que Alexis McGill Johnson, codirectora de un centro de investigaciones llamado Perception Institute, será presidenta interina de la organización y de su rama política, Planned Parenthood Action Fund, mientras se busca a un líder permanente.
Wen, una inmigrante de China que huyó de su país cuando era niña, asumió la presidencia de Planned Parenthood en noviembre en reemplazo de Cecile Richards, quien fue presidenta desde 2006. Wen había sido comisionada de salud de Baltimore desde 2015.
El período de Wen coincidió con una etapa difícil para el movimiento que aboga por el derecho de la mujer de decidir si necesita un aborto o no.
Animadas por una mayor presencia de magistrados conservadores en la Corte Suprema, varias legislaturas estatales han aprobado leyes en meses recientes, que efectivamente han prohibido la mayoría de los abortos.
Ninguna de las leyes ha podido ser implementada, pero los activistas conservadores aspiran a que los procesos judiciales lleven a la Corte Suprema a anular la decisión tomada en 1973, conocida como Roe v. Wade, que legaliza el derecho a abortar.