QUITO (AP) — La Fiscalía ecuatoriana pidió audiencia judicial el jueves para vincular en un caso de corrupción al expresidente Rafael Correa, a su vicepresidente y a otras 20 personas a las que acusa de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
El organismo argumentó que hace la solicitud porque han aparecido “datos de los que se presume la participación en los delitos investigados” de Correa (2007-2017), Jorge Glas, su vicepresidente, y colaboradores de ese gobierno.
La acción fiscal fue efectuada dentro del caso conocido como Sobornos 2012-2016, en el que se investigan presuntos aportes ilegales de empresas contratistas del Estado y de otros al movimiento político Alianza País, de Correa, para financiar gastos de campaña y para su funcionamiento.
El plan de corrupción quedó al descubierto luego de que la fiscalía encontró unos 63.000 documentos y hojas de cálculo relacionados en la computadora de Laura Terán, exasistente de la asesora de Correa, Pamela Martínez.
Correa ha sido señalado en una docena de casos de corrupción durante su gobierno.
En esta nueva red también está involucrada la constructora brasileña Odebrecht, que en diciembre de 2016 reconoció haber entregado unos 33,5 millones de dólares a autoridades ecuatorianas a cambio de la obtención de contratos, aunque más tarde la procuraduría señaló que los sobornos superaron los 50 millones de dólares.
A consecuencia de ello Glas fue separado de su cargo y está en prisión, mientras que el ex contralor Carlos Pólit se encuentra prófugo en Estados Unidos, y varios exministros y otras altas autoridades, en especial del sector de los hidrocarburos, han sido procesados.
Odebrecht ha construido al menos 15 de las obras estatales más grandes ejecutadas en los últimos años en Ecuador, principalmente durante el gobierno de Correa, entre ellas centrales hidroeléctricas, carreteras, oleoductos, proyectos de riego y otras.
Durante la jornada, el secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, también reveló que fueron localizados otros 35 millones de dólares producto de la corrupción: 30 millones en Suiza y otros 5 millones en Panamá. Se están gestionando acuerdos para su devolución.
