HOUSTON (AP) — El gobierno estadounidense anunció el viernes que ampliará una medida que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer fuera del país, para incluir una las ciudades más peligrosas de México, donde ya hay miles de personas acampando, algunas desde hace meses.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que aplicará sus “protocolos de protección de migrantes” en Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros, México. El DHS dijo que prevé que empezará a enviar solicitantes de asilo de vuelta a esa parte de México a partir del viernes.
De acuerdo con los protocolos, los solicitantes de asilo reciben una orden para presentarse en determinada fecha a una audiencia ante un tribunal de inmigración para luego regresar a México. Desde enero, esa norma se aplica en San Diego, California, y El Paso, Texas, entre otras ciudades de la frontera. Por lo menos 18.000 migrantes han sido enviados de regreso a México bajo esa política, según el Instituto Nacional de Migración de México.
Estados Unidos trata de reducir el gran flujo de migrantes centroamericanos que atraviesa México para pedir asilo. El corredor más transitado para los cruces no autorizados de la frontera es la zona llamada Valle del Río Grande, en Texas, donde se encuentra Brownsville. La norma ampliada no incluye hasta el momento otras ciudades de la zona.
El anuncio de la medida se efectuó mientras grupos de legisladores visitaban la región el viernes para examinar las instalaciones de detención operadas por la Patrulla Fronteriza, incluyendo el centro de procesamiento en McAllen, Texas, donde cientos de adultos y niños están detenidos en corrales enrejados.
Afuera del centro de procesamiento, el senador Jeff Merkley criticó el estado de las instalaciones, así como otros programas del gobierno del presidente Donald Trump que reprimen a los solicitantes de asilo.
“Queremos que sean tratados con dignidad y respeto, de la misma forma en que nos gustaría que trataran a nuestros familiares”, afirmó Merkley.
La representante demócrata Nanette Barragán tuiteó que, cuando visitó el centro de procesamiento, se encontró a una niña de 13 años que es ciudadana estadounidense y traía su pasaporte consigo. La niña fue detenida junto con su madre a pesar de que las instalaciones están diseñadas para inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin permiso legal, no para ciudadanos estadounidenses, señaló Barragán.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió a las solicitudes de comentarios acerca del caso de la niña. Una portavoz de Barragán dijo que su oficina fue notificada que la niña fue puesta en libertad unas horas después, pero se desconoce cuál es el estatus de su madre.
El DHS dijo que se coordinó con el gobierno mexicano para la ampliación de la política de permanencia de solicitantes de asilo en México. Éste no ha respondido a los pedidos de declaraciones, pero el gobierno de Trump ha presionado a México para que frene a los inmigrantes o, en caso contrario, aplicaría aranceles hasta que ambas partes acuerden nuevas medidas para lidiar con la migración.
Matamoros se encuentra en el extremo este de la frontera binacional, en el estado mexicano de Tamaulipas, donde hay presencia de grupos de la delincuencia organizada y adonde el gobierno estadounidense advierte a sus ciudadanos que no vayan debido a la violencia y los secuestros.
Cerca de la ciudad se hallaron los cadáveres de un hombre salvadoreño y su hija de 23 meses, ahogados en el Río Bravo, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.
Muchas personas duermen desde hace meses en un campamento improvisado cerca de uno de los puentes internacionales, entre ellas familias con niños muy pequeños. Hay miles más en hoteles, refugios o pensiones. Muy pocos migrantes han podido solicitar asilo debido a que otras normas del gobierno de Trump limitan el número de personas que procesa al día.
Una lista de espera elaborada por las autoridades mexicanas incluye a más de 1.000 personas, dijo Elisa Filippone, una voluntaria estadounidense que viaja a Matamoros varias veces por semana para entregar donaciones de alimentos y ropa, pero muchas personas alojadas en los refugios no figuran en la lista. Según Filippone, abundan los rumores de que les piden sobornos a los migrantes para ser incluidos en la lista.
Filippone describió una situación desesperada que podría empeorar si las personas son obligadas a esperar más tiempo en México mientras se procesan sus solicitudes de asilo.
“Me temo que Matamoros está a punto de arder”, manifestó.
Filippone dijo el viernes que vio que el campamento más cercano a uno de los puentes estaba siendo despejado, aunque de momento no se supo el motivo ni a dónde irían los detenidos.
El DHS recientemente implementó la política de permanecer en México para los migrantes de Nuevo Laredo, del otro lado de Laredo, Texas. Actualmente hay unas 1.800 migrantes y solicitantes de asilo están esperando en Nuevo Laredo, en donde algunos han reportado que han sido secuestrados o extorsionados por grupos delictivos.
A las personas en Nuevo Laredo les pidieron regresar en septiembre para recibir su fecha de comparecencia en tribunales estadounidenses. En otros lugares de la frontera, los tiempos de espera son de varios meses.
A diferencia de una corte penal, el gobierno de Estados Unidos no está obligado a proporcionar abogados en el sistema de cortes inmigratorias. Los abogados en el sur de Texas han preguntado desde hace mucho en dónde podrían reunirse con sus posibles clientes en Tamaulipas.
Muchos migrantes han acabado con todos sus recursos para cuando llegan a Estados Unidos, dijo Lisa Brodyaga, una abogada que lleva años presentando peticiones de asilo.
“Podría ser extremadamente complicado para ellos encontrar abogados que tengan el tiempo, la capacidad y voluntad de exponerse a lo que sucede en Matamoros”, dijo. “No estoy segura de cómo vaya a funcionar”.
