SAN SALVADOR (AP) — Un grupo de exmilitares salvadoreños, incluidos los principales líderes de las fuerzas armadas, fueron notificados el jueves que serán procesados por nuevos delitos relacionados con la masacre de El Mozote en 1981, en la que murieron 989 campesinos.

Un juzgado de San Francisco Gotera, 168 kilómetros al noreste de la capital, comunicó a 13 de los 17 militares imputados que también serán procesados por los delitos de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

En la audiencia estuvieron presentes el exministro de Defensa y Seguridad Pública, general José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Rafael Flores Lima; y el exjefe de la fuerza aérea, general Juan Rafael Bustillo.

Bustillo, que en reiteradas oportunidades se ha declarado inocente, había solicitado al juez no presentarse a la audiencia por temor a ser agredido por los familiares de las víctimas, demanda que fue rechazada.

Los familiares de las víctimas, todos de avanzada edad, portaban carteles exigiendo el fin de la impunidad. “Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad”, se leía en una de las pancartas. “¡Contra la injusticia y la impunidad! Ni perdón, ni olvido”, se leía en otra.

El juzgado confirmó que incorporó al juicio los dictámenes de peritos especialistas en materia militar, histórico-documental y antropología social que confirmaron el valor de la evidencia sobre la participación de la cadena de mando militar, desde el más alto nivel, en la consumación de la matanza.

El juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993 que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de la guerra civil salvadoreña fueran investigados.

A inicios del juicio en marzo de 2017, Guzmán Urquilla citó a 18 exmilitares, pero varios han sido retirados del proceso debido a que ya fallecieron.

En la audiencia el juez notificó al coronel Jesús Gabriel Contreras Alfaro, exjefe de operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada en 1981, que había sido incorporado al proceso como imputado porque considera que existen indicios de su participación en el crimen.

En su defensa, Contreras Alfaro dijo que los delitos que se le atribuyen no fueron en el marco de una “guerra regular”.

Al finalizar la audiencia, el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, uno de los abogados querellantes, dijo a periodistas que la audiencia se desarrolló con normalidad y que los imputados tuvieron la oportunidad de dirigirse al juez, pero lamentó que “no haya ninguna expresión de arrepentimiento, de reconocimiento de los hechos, ni siquiera un mínimo de solidaridad hacia las víctimas”.

“No escuché ninguna manifestación de pedir perdón, de pedir disculpas, es más, uno de ellos expresó que cumplía una misión; ¿la misión de exterminar a personas civiles?”, se preguntó Morales.

La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.

Muchos cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una iglesia y luego les prendieron fuego. En una de las fosas, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños, con un promedio de edad de seis años.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.