LOS ANGELES (AP) — En apenas dos años y medio, la presidencia de Donald Trump ha dejado su huella en el sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos, al nombrar a más del 40% de los jueces, ampliar la cantidad de magistrados y emitir normas que le dificultan a los inmigrantes permanecer en el país.
Un análisis de la AP muestra que el gobierno actual ha designado a 190 jueces de inmigración, un 43% del total.
Hoy hay 100 jueces más que los que había en septiembre del 2016; a título de comparación, el presidente Barack Obama designó menos de 50 jueces nuevos desde el 2010 hasta el 2016.
El análisis de AP halló también que Trump ha seguido la tendencia de gobiernos anteriores de contratar a ex abogados militares y a ex abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE) como jueces de inmigración. Casi uno de cada cinco jueces designados por Trump fue antes un juez militar, y la mitad eran abogados del ICE.
El gobierno ha aumentado el personal en un esfuerzo por reducir la enorme cantidad de casos pendientes en los tribunales de inmigración, casi 900.000. Los inmigrantes que tratan de conseguir permiso para permanecer en el país a veces esperan años por una vista. Y ni hablar de una decisión.
Detractores de Trump dicen que las selecciones del mandatario no son coincidencia, ya que trata de contener la inmigración, especialmente de decenas de miles de centroamericanos que llegan a la frontera con la esperanza de conseguir asilo.
“Sospecho que quieren traer gente que tiene una experiencia profesional que los ayudará a interpretar las leyes como el secretario de justicia quiere que las interpreten: Básicamente, la violencia doméstica y las pandillas de América Central no cuentan como razón para pedir asilo”, dijo Jeffrey Chase, un ex juez de inmigración.
Los jueces del sistema de inmigración, que son empleados por el Departamento de Justicia, no por la rama judicial, son quienes deciden quiénes reciben asilo y tarjetas verdes (permiso de residencia) y quiénes deben regresar a sus países.
Los jueces han estado adoptando posturas más rígidas desde la llegada de Trump a la presidencia, negando el 65% de los pedidos de asilo durante el año fiscal del 2018, comparado con el 55% dos años antes, de acuerdo con información de la Universidad de Syracuse.
El año pasado, el secretario de justicia de entonces Jeff Sessions emitió directrices que restringían las justificaciones para pedir asilo, pero un juez las bloqueó. Otras disposiciones nuevas fijan objetivos para los jueces y les prohíben archivar casos.
En abril había 444 jueces de in migración, de acuerdo con información de la Oficina Ejecutiva para una Revisión de Inmigraciones, que supervisan los tribunales. Se espera que sigan contratando magistrados. La portavoz de esa oficina Kathryn Mattingly dijo que el gobierno quiere agregar otros 100 jueces en el próximo año fiscal.
Las últimas incorporaciones incluyen un buzo de aguas profundas de la Armada con más de una década de experiencia como juez militar. Un fiscal de Los Ángeles que llevó casos de drogas y desempeñó cargos en Nigeria y Pakistán. Un abogado que trabajó más de 20 años con el aparato legal del servicio de inmigración.
Seleccionar abogados militares y de inmigración para estas posiciones no es un fenómeno nuevo. De los nombrados bajo el gobierno de Obama que siguen en funciones, aproximadamente el 13% tenían experiencia en jurisprudencia militar y más de la mitad trabajaron para el ICE, según el análisis de la AP.
Mattingly dijo que los jueces del sistema son contratados mediante un proceso abierto, basado en los méritos, y negó “insinuaciones de que los jueces no tienen integridad o competencia a juzgar por los clientes que pueden haber representado antes de ser jueces”.
El juez A. Ashley Tabaddor, quien dirige el sindicato de jueces de inmigración, dijo que ese organismo ve con buenos ojos la llegada de nuevas contrataciones para ayudar con la cantidad de casos pendientes, pero teme que se sientan presionados por las cuotas fijadas para estos tribunales. Una pantalla de computadoras muestra gráficos de distintos colores que son un constante recordatorio a los jueces de qué tan cerca están de cumplir con sus cuotas.
“Ahora hay una gran mayoría con experiencia como fiscales o abogados militares”, dijo Tabaddor, cuya agrupación pide desde hace tiempo mayor diversidad en las contrataciones y que los tribunales sean independientes del Departamento de Justicia. “Cualquier tribunal que quiera tener integridad y el respeto de la comunidad necesita reflejar el componente demográfico de la comunidad” en que sirven.
Defensores de los inmigrantes también piden más jueces. Algunos se unieron al sindicato de jueces en su pedido de tribunales independientes para reducir la influencia del gobierno.
El ex representante Robert Goodlatte, un republicano que presidió la Comisión Judicial de la cámara baja, dijo que desde hace tiempo se necesitan más jueces para lidiar con la creciente cantidad de pedidos de asilo. Pero las contrataciones de jueces son solo una parte de la solución mientras sigan llegando tantos migrantes por la frontera sur.
“Mientras sigan llegando más gente, incluso con la adición de jueces, seguirán tapando agujeros”, expresó Goodlatte, un ex abogado de inmigración.
Algunos abogados de inmigración dicen que les parece que los nuevos jueces son más serios que los que manejaron estos casos por años. Otros temen que jueces con menos experiencia y antecedentes militares o en el gobierno sean más proclives a acatar los dictámenes de las autoridades federales.
Hay quienes acusan al gobierno de hacer contrataciones impulsadas por consideraciones políticas. Heidi Burakiewicz, abogada laboral de Washington, dijo que representa cuatro candidatos a jueces de inmigración y tribunales de apelación que recibieron ofrecimientos bajo el gobierno de Obama, los cuales fueron retirados por la gente de Trump.
En Los Ángeles, más de una docena de jueces de inmigración fueron nombrados por el gobierno de Trump, incluido Leon Francis, quien trabajó por décadas como abogado y juez en el ámbito militar.
Hace poco Francis tomó el caso de una guatemalteca que relató cómo llegó a Estados Unidos con su pareja y una hija de un año luego de que pandilleros trataran de extorsionarlos porque tenían un almacén de alimentos. Su pareja fue baleado un mes después, sostuvo.
Francis preguntó por qué la pareja no denunció las amenazas a las autoridades. Luego de un receso de 50 minutos, rechazó el pedido de asilo de la mujer, citando inconsistencias en su relato y diciendo que no se había demostrado que el gobierno guatemalteco no podía protegerla.
Pocas semanas después, Francis recibió el caso de una mujer armenia que describió cómo ella y su marido habían buscado refugio en la frontera entre Estados Unidos y México después de que la policía en su país la detuviese, golpease y amenazase por participar en protestas antigubernamentales. Luego de un receso de 40 minutos, regresó con su fallo.
“Ganó su caso”, le dijo. “Felicitaciones”.