Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidieron en señalar que, a través de los 10 decretos de reserva de agua que levantaron la veda en 295 de las 757 cuencas del país, se busca la preservación y restauración de ecosistemas.
En conferencia de prensa, María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la veda que se levantó es parcial y el objetivo jurídico es destinar una parte del agua al equilibrio ecológico.
“No se habla de privatización, sino del destino del agua nacional que dice la Constitución está dentro de las facultades del Ejecutivo Federal”, indicó. “Lo que genera inconformidad por estos 10 decretos es el hecho de que estamos frente a facultades exclusivas del Presidente de la República, cuya decisión se basa en estudios técnicos realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, subrayó.
La investigadora dijo que se requiere que los programas de reservas de agua indiquen “cómo se cuida el caudal ecológico reservado para el sustento del ambiente”.
Consideró que el decreto preocupante no es el del 6 de junio, porque su objetivo es crear la Reserva Ecológica del Agua para manejar el caudal ecológico.
“El que se debe revisar es el del 23 de marzo de este año”, en el cual se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos expirados a partir del 1 de enero de 2004.
Pero más de 90 por ciento de los ríos están contaminados, algunos declarados muertos, recordó la especialista.
“Estamos reservando el agua cuando ya la ensuciamos; con esa falta de calidad es nada más un paliativo sin consistencia a futuro”, expresó.
Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que en los decretos “todo se enmarca de acuerdo con el caudal ecológico, que está dirigido sólo al cauce del río, no a entender qué pasa en toda la cuenca que aporta agua al río; es decir, se refiere sólo al agua superficial y no considera la subterránea, ni de dónde proviene o hacia dónde va”.
Más tarde, el director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, desmintió la privatización del agua en el país, ya que los 10 decretos de reserva de agua no otorgan beneficios para particulares; por el contrario, los ordenamientos permiten preservar el medioambiente y garantizar el agua para el consumo humano para las próximas generaciones.
Aseguró que los ordenamientos regulan el uso doméstico y público urbano, generación de energía eléctrica y servicio público, y garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de esquemas vitales.