AUTOR: RUBÉN ZERMEÑO

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano de reciente creación, fue presentando en 2012 como un órgano autónomo que regularía e incentivaría la competencia en telefonía, radio y televisión para el beneficio de las audiencias.
Pero los escándalos, la opacidad, el secretismo y hasta controversias constitucionales que han llegado hasta las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han puesto en tela de juicio su accionar.
El empoderamiento del IFT cada día es mayor y poco a poco comienza a convertirse en el Frankenstein o moderno Prometeo de quienes lo crearon.
Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, su presidente, tiene entre sus manos no sólo un presupuesto anual de 2 mil millones de pesos, sino elegir quién será el dueño de la pelota o si reparte el pastel entre nuevos competidores.
Las cifras presentadas en el cuarto aniversario de la reforma en telecomunicaciones el pasado 27 de junio son alentadoras: reducción del 43 por ciento en el costo de la telefonía celular, eliminación de larga distancia nacional, el crecimiento en una 60 por ciento de los usuarios de televisión y las nuevas licitaciones para radio y televisión han logrado que el sector crezca en un 10 por ciento cada año.
Pero al finalizar el festejo, el presidente Peña Nieto advirtió que “la reforma se debe de cuidar a diario”, cosa que parece no está haciendo el IFT.
Por decisiones y controversias recientes, ya sea por acción o por omisión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, árbitro del juego, ha decidido que el partido se lleve a cabo en la cancha de los agentes preponderantes, limitando así la competencia que tanto se pregonaba durante su creación.
Frente a esta situación, los representantes de la Cámara de diputados y senadores van perdiendo facultades para legislar al respecto y la reforma de la Ley de Telecomunicaciones del 11 de junio de 2013 se encuentra también en juego.
Lo que comenzó como una de las principales medallas de la actual administración ahora se está convirtiendo en un lazo que la ata al pasado.
Ante este panorama y a la deficiente actuación y regulación del IFT, el organismo se ha ganado la desconfianza de todos los sectores perdiendo credibilidad y poniendo en duda su eficacia, por simulaciones que ellos mismos han permitido.
Sánchez Henkel, el investigador de Slim
El 14 de julio del 2014, Gerardo Sánchez Henkel, en aquel entonces titular de la Unidad de Cumplimiento, el apartado regulador del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
El Artículo 131 de dicha ley, representaba pérdidas millonarias para Carlos Slim, propietario de América Móvil y de Telcel, el agente económico preponderante, que ya no podía cobrar a su competencia por el servicio de interconexión a su red.
En el apartado “a” del artículo se lee lo siguiente: “Los agentes a los que se refiere el párrafo anterior, no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red”.
Para el 31 de diciembre, Sánchez Henkel ya no formaba parte de la unidad de Asuntos Jurídicos del IFT, en su lugar llegó Carlos Hernández Conteras.
El hombre que había iniciado procesos contra América Móvil salió del organismo, sin que el IFT emitiera ningún comunicado al respecto.
Maricarmen Cortés, columnista de Dinero en Imagen señaló que la salida de Sánchez Henkel podría tener que ver con el tema de América Móvil como agente preponderante.
“El Pleno del IFT tendrá que definir, a más tardar en noviembre de este año, si Televisa y América Móvil han cumplido o no con las reglas de preponderancia y el problema es que hay un severo retraso por parte de los reportes sobre el cumplimiento en las reglas que, según se ha dicho, fue lo que motivó la salida de Sánchez Henkel, aunque él asegura que renunció porque recibió una invitación para incorporarse a un despacho de abogados una vez que termine el plazo que establece la ley para poder trabajar en el sector privado”, decía Cortés.
Sánchez Henkel se convirtió en el único funcionario de alto nivel del IFT que investigó los incumplimientos de Telmex, particularmente la violación a la Constitución por el caso Dish.
Gerardo Soria dijo constar en su columna que Henkel iba muy avanzado en la investigación del caso Telmex-Dish y la violación a la Constitución que sería sancionado con la revocación de títulos de concesión de ambos operadores.
“Es un hecho indubitable que de confirmarse de manera oficial la evidente violación a la regla de gratuidad en la retransmisión de las señales de televisión abierta, no hay posibilidad legal alguna de que el IFT, por más maromas que haga, esté en posibilidad de autorizarle a América Móvil prestar servicios de televisión sin violar flagrantemente la ley”.
El especialista coincide en que ese pudo ser el motivo de su salida.
“Se dice que sus superiores le exigieron un cheque en blanco que acreditara que Telmex y Telcel cumplen y han cumplido en todo. No me extraña”, dijo Soria el 20 de enero del 2016.
Tecnoradio, el viejo conocido
Además de las nuevas concesiones en televisión, el IFT anunció la apertura para nuevas cadenas de radio. Una de ellas intentó pasar por la libre, se trata de la empresa Tecnoradio, que evadió las reglas sin que ningún regulador interno lo detectara, hasta que la prensa descubrió este error.
La empresa Tecnoradio fue anunciada por el IFT como la ganadora del mayor número de estaciones de radio en la pasada licitación, 37 frecuencias por la que pagó la cantidad de 288 millones de pesos, elevando en un 3 mil 400 por ciento el valor de referencia, dejando fuera a otros grupos radiofónicos.
Javier Tejado Dondé, especialista en estos temas, reveló que Tecnoradio no fue un nuevo entrante, sino que la empresa tenía vínculos con el grupo radiofónico más grande del país, Radiorama y con su socio Javier Pérez de Anda.
“Luego de haber investigado a Tecnoradio y a sus accionistas, y después de haber recibido información de fuentes oficiales de alto nivel, le podemos confirmar que el presidente de Tecnoradio, Alí Eduardo Bañuelos, está casado con Viviana Toscano, sobrina de Javier Pérez de Anda por el matrimonio de éste con la señora Rebeca Margarita Toscano. Asimismo, ‘la Vivis’ es prima hermana de las tres hijas de Javier Pérez de Anda, las cuales son también accionistas de estaciones de Radiorama”, comentó el columnista.
La licitación de radio IFT-4 obliga a notificar este tipo de información para poder identificar a los verdaderos grupos de interés económico detrás de las licitaciones. El parentesco no fue revelado por Tecnoradio para poder competir como “nuevos entrantes” y con ello hacerse acreedores de un descuento del 15 por ciento, en este caso fueron alrededor de 40 millones de pesos.
Tejado advierte que si bien el IFT tiene buenas intenciones para hacer avanzar la competencia, puede fracasar si no tiene una adecuada supervisión.
“En lo futuro el IFT tendrá que fortalecer sus capacidades de investigación para evitar que los participantes saquen provecho indebido escondido o alterando información. No hacerlo pone en desventaja al resto de los competidores e inhibe que ‘nuevos entrantes’ se hagan de frecuencias para acrecentar la pluralidad mediática en el país. De hecho, este penoso episodio pone en riesgo la seriedad de todas las licitaciones del IFT”, dijo Javier Tejado Dondé.
A mediados de agosto, el Instituto dio un revés a la concesión y descalificó a Tecnoradio, S.A. DE C.V. por violar el numeral 4 del Apéndice E de las Bases de la Licitación, en donde se señala lo siguiente “Identifique a las personas físicas que tengan vínculos por parentesco o por afinidad, hasta el cuarto grado”.
La sanción fue la descalificación por “el incumplimiento del Participante de cualquier requisito u obligación contemplado en las Bases, sus Apéndices y Anexos, o en cualquier otro documento que forme para integrante de la licitación”, dice el documento.
Pese a este tropiezo, el resultado de la primera licitación de radio en la historia del país y la primera entrega de estaciones comerciales de radio en más de 20 años fue todo un éxito para el IFT.
De las 191 estaciones de FM que estaban en juego, logró colocar 140, teniendo una recaudación superior a los mil 500 millones de pesos, el valor mínimo de la subasta estaba fijado en 37 millones de pesos. La subasta se hizo remota y anónima por lo que los nombres de los oferentes permanecieron en el anonimato.
La sorpresa de la licitación fue lo mucho que se pagó por estaciones de radio en lugares turísticos, en Playa del Carmen se terminaron pagando 60 millones de pesos por una estación en la cual la pugna comenzó en 340 mil pesos; la plaza de Cancún fue la más cara, se pagaron 89 millones de pesos.
El polémico empresario, Remigio Ángel González, conocido como “El Fantasma”, fue el ganador de 12 de los 32 nuevos canales de televisión que otorgará el IFT y tendrán impacto en 35 millones de televidentes. Para hacerse de ellos, la compañía Telsusa tendrá que pagar más de 259 millones de pesos y así poder llegar a los televidentes en Campeche, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.
Fuentes cercanas argumentan que los fines de estos nuevos acreedores no es la información ni el entretenimiento, sino que serán utilizadas para presionar a alcaldes.
“Se especula que, dado que los mayores montos se dieron en lugares turísticos y que habría nuevos entrantes a la industria de la radio, en realidad sus fines serían utilizar las estaciones de radio para presionar a alcaldes con los usos de suelo, lo que sí deja ganancias inmobiliarias muy rentables para hoteles y desarrollos inmobiliarios a costa de la planeación urbana y de zonas naturales protegidas. Los empresarios de radio no encuentran otra razón que justifique lo que se ofertó”, argumentó Javier Tejado.
De esta manera, otra vez el IFT preponderaría el dinero ofertado sobre el contenido que se ofrezca a los radioescuchas.
El regreso del rey de la telefonía
El jueves 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia entregó un amparo al artículo 131 de la ley Federal de Telecomunicaciones por considerarlo anticonstitucional, ya que corresponde al IFT y no al Congreso fijar las tarifas de la interconexión con el agente preponderante, América Móvil.
Con esta decisión, no solamente se le otorgaron mayores facultades al IFT, sino que se las quitaron al Congreso, el cual supuestamente se excedió legislando en materia de telecomunicaciones, además de coartar una de las reformas más importantes a la Ley de Telecomunicaciones, ya que tras esta se logró que los precios de las llamadas a celular descendieran.
La SCJN estableció que quien tiene que regular las tarifas e incluso decidir si se regresa a la “tarifa cero”, es el IFT, órgano que hasta el momento ha mantenido el silencio ante la gran responsabilidad que tiene por delante.
“El instituto analizará sus efectos para darles cabal cumplimiento y resolver lo conducente sobre las tarifas de interconexión aplicables al agente económico preponderante, como siempre, en estricto apego a la Constitución y la ley”, decía en un comunicado publicado en 16 de agosto, ha pasado casi una semana y el IFT no ha vuelto a mencionar palabra alguna.
Incluso, esta decisión podría afectar las negociaciones del TLCAN, así lo advirtió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
“Sin duda, ha sido un tema (la definición de la Corte). Claramente porque ellos (la empresa estadounidense AT&T) piensan que les estamos cambiando las reglas del juego sobre las cuales tomaron la decisión de invertir en nuestro país casi 5 mil millones de dólares”, dijo en una entrevista radiofónica.
Para el especialista y columnista del Universal, Javier Tejado Dondé, el amparo entregado a Carlos Slim por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, merma las facultades del Congreso, y ese mismo argumento se podría utilizar para que regresen las llamadas de larga distancia, algo que el mismo Congreso prohibió.
La reforma de telecomunicaciones es la más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto, si no se cuida su accionar podría poco a poco caerse, esto ocasionaría que regresemos a los mismos escenarios de hace años: precios elevados, mala calidad en los servicios, operadores actuando como monopolistas.
En el caso de Tecnoradio, de Alí Eduardo Baños, la concesión se pudo parar, pero con el revés al artículo 131 de la ley federal de telecomunicaciones a favor de Carlos Slim y con la llegada a la televisión mexicana del gigante centroamericano, Remigio Ángel González, las grandes empresas acechan al país.